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domingo 15 de marzo de 2026 | 6:02hs.
Involucrados en una disputa judicial por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificada por ambas cámaras luego de un veto presidencial e incluso superó una votación durante el debate del Presupuesto 2026, las universidades y el gobierno nacional inician un nuevo ciclo lectivo en un marco de conflictividad. El paro anunciado por trabajadores docentes y no docentes desde mañana y hasta el 21 de marzo, empuja al oficialismo a enunciar una postura, que hasta el momento continúa siendo la de tenso silencio.
El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario sancionado en el 2025 sintetiza el reclamo de los gremios que impulsan la medida de fuerza: mejoras salariales, aumento en gastos de financiamientos, recomposición de las becas y -la demanda que ven más lejana- inversión en infraestructura.
Ante un revés judicial que decidió apelar, el Gobierno comenzó a evaluar alternativas y convocó a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a una reunión para anticiparles que iban a presentar un proyecto propio más accesible a sus pretensiones fiscales.
“Anda circulando un borrador, pero no me consta que haya un proyecto”, respondió a Ámbito Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del CIN, quien consideró que en el texto “se licúan algunas cosas que estaban en la anterior ley”: “La propuesta está lejos del planteo original, que no pide otra cosa que ajustar los sueldos por la inflación”.
En ese marco, apuntó que el 97% del presupuesto de las universidades se destinan a salarios y, por lo tanto, “lo más urgente es que el Gobierno llame a paritarias”. No existe un acuerdo paritario desde octubre del 2024 y el último aumento fue en diciembre y por decreto, equivalente al 2%.
