Entre la ética del diseño y el desafío de habitar un mundo más justo

Detrás del Colegio de Arquitectos de Misiones hay una construcción colectiva que intenta garantizar la legalidad del trabajo arquitectónico y el respeto por los derechos profesionales, la ética del diseño, la calidad del hábitat, la relación con el Estado y, en última instancia, la ciudad en la que vivimos.

La Comisión Directiva del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Misiones deja claro que su trabajo no se trata (solo) de planos ni de cuotas.

 “El título habilita, pero no alcanza”. La frase es seca, como un ladrillo sobre la mesa. “Lo que permite ejercer legalmente la profesión es la matrícula. Y lo que garantiza que ese ejercicio esté controlado y regulado es el Colegio”, explicó la presidente de la Comisión. Es una síntesis potente de lo que muchos olvidan apenas salen de la universidad: que ser profesional no es solo saber, sino también estar inscripto, controlado, y respaldado por una institución que defiende el bien público.

En ese sentido, el Colegio no es un club de arquitectos, ni una estructura vacía. Es un organismo de ley, con poder de policía, que vela por el ejercicio ético, protege a la comunidad ante la mala praxis y, además, defiende los intereses de los matriculados ante un sistema que muchas veces los precariza o los invisibiliza.

Una profesión amplia, subestimada y estratégica

El campo profesional de la arquitectura es tan vasto como poco conocido: diseño urbano, planificación territorial, asesoramiento en políticas públicas, tecnología de la construcción, innovación sostenible, investigación, docencia. Desde la plaza del barrio hasta el plan urbano de una ciudad intermedia. Desde un techito para la sombra hasta una estrategia para mitigar el cambio climático.

“La sociedad muchas veces no sabe todo lo que podemos hacer. Y eso es parte del trabajo que tenemos pendiente como Colegio: visibilizar la arquitectura como una herramienta social y no solo como un servicio técnico”, dijeron.

Si hay una palabra que sintetiza la gestión institucional de los últimos años, es esta: presencia. En los municipios, en los expedientes, en los conflictos, en los cursos, en la calle. Presencia no como control, sino como acompañamiento.

En Posadas, la incorporación del sistema GOP —Gestión de Obras Privadas— permitió que los planos se digitalicen, que los trámites se hagan sin papel, que los profesionales y la Municipalidad trabajen con más transparencia. Pero eso no pasó solo. Fue el resultado de una articulación entre el Colegio y el municipio que no siempre es sencilla, pero que dejó frutos concretos.

“La digitalización es también una forma de democratizar el acceso, de hacer que el arquitecto que vive lejos pueda gestionar desde su computadora. Eso también es cuidar la profesión”, apuntaron.

Además, el Colegio quiere fortalecer áreas técnicas que a veces no existían o estaban a cargo de personas sin formación. “Queremos que los municipios tengan departamentos de obras privadas bien conformados, con profesionales idóneos. Porque eso mejora el control urbano, sí, pero también protege al profesional y al vecino”.

La deuda pendiente

Hay una causa que atraviesa a todos los colegios profesionales del país, pero que en la arquitectura tiene un peso especial: la falta de una ley de honorarios obligatoria. 

“El Colegio no puede obligar a cobrar un mínimo, pero sí puede ofrecer herramientas para orientar y proteger”, dijeron. Por eso crearon un «simulador de honorarios» que permite calcular con transparencia y coherencia cuánto debería valer un trabajo según sus características.

Pero la pelea de fondo sigue siendo política: lograr que se apruebe una ley provincial de honorarios que establezca mínimos éticos y evite la competencia desleal, el trabajo gratuito o el clientelismo disfrazado de diseño.

Uno podría pensar que pagar la matrícula es solo un trámite. Pero en la voz de la Comisión, se vuelve algo más: una forma de pertenecer a una comunidad profesional. “La matrícula no es una obligación, es una forma de estar adentro, de tener voz, de ser parte de las decisiones que afectan a nuestra disciplina”, explicaron.

 “La arquitectura es una práctica política. No partidaria, sino política. Porque interviene en el espacio que compartimos, en cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo habitamos el mundo”.

Y si eso es así, entonces un Colegio profesional también lo es. Porque regula, cuida, representa y —cuando tiene la voluntad— transforma. 

 Preguntarse para qué sirve un Colegio de Arquitectos no es una pregunta menor. Es, en el fondo, preguntarse qué tipo de ciudad queremos. Y quiénes tienen que estar sentados a la mesa cuando se decide cómo se construye.