Gobernadores presionan al gobierno para darle los votos

Mientras el gobierno define el llamado a sesiones extraordinarias, los gobernadores afinan el lápiz para sus exigencias a cambio de los votos en el Congreso. Y de las últimas reuniones realizadas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) hubo consenso para reclamar la devolución a las provincias de un porcentaje de la coparticipación que se retiene para el financiamiento de la estructura del Arca.

El reclamo ya fue anticipado por el senador electo Gerardo Zamora en la reunión que tuvo esta semana con el ministro del Interior, Diego Santilli. Pero, en forma paralela, el peronismo busca avanzar en el Senado con un proyecto que plantea una reforma en la administración de la alícuota del 1,9% de la coparticipación que se le retiene a las provincias para combatir la evasión.

La iniciativa plantea convertir en ley el decreto 1399/01 firmado durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que establecía la creación de un fondo equivalente al 1,90% de la recaudación neta total de los gravámenes y recursos aduaneros.

En su momento, se fundamentó que la medida buscaba darle una base de financiamiento al organismo recaudador con el objetivo de reducir los niveles de evasión a partir de una mejora estructural. Pero lo cierto es que la informalidad se mantiene en el orden del 50 % y el ingreso sólo se utilizó para financiar sueldos exorbitantes.

Por eso, en la mesa de discusión del Presupuesto, los gobernadores exigieron que se incluya en el proyecto una reducción de la alícuota del 1,9 al 1 %. Hasta el momento no hubo una respuesta de Santilli, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; ni del ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo.

Aunque fuentes parlamentarias confirmaron a Clarín que aún se está trabajando en el contenido de la propuesta, lo que deja abierta la posibilidad de una negociación con las provincias. Por ahora, desde el oficialismo están confiados que tendrán los votos con la nueva conformación de las cámaras.

Pero en este escenario de tensa negociación, el bloque de Convicción Federal, cada vez más asociado a los gobernadores del norte, decidió presentar un proyecto con las firmas de Fernando Salino (PJ-San Luis), Carolina Moisés (PJ-Jujuy), Fernando Rejal (PJ-La Rioja) y Guillermo Andrada (PJ-Catamarca) proponiendo una actualización del régimen de financiamiento y funcionamiento de la ex Afip.

Lo que se busca con la propuesta es transparentar el destino de fondos millonarios y evitar, lo que en el Congreso se definió como “una acumulación de fondos ociosos”. En concreto plantean que los recursos excedentes de ese fondeo que se destina al Arca sean distribuidos en forma automática entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a los porcentajes de coparticipación.